Luis Roca Jusmet
Es bastante común referirse a las personas partiendo de la cultura en la que viven o a la que pertenecen, Sin embargo, eso es algo demasiado simple (…) Es igualmente cierto que los individuos pueden ser miembros de grupos culturales muy diversos y tener múltiples identidades de grupo.
Gajendra Verma
Este texto quiere transmitir las reflexiones que ha ido elaborando un profesor catalán de educación secundaria, básicamente a partir de su propia experiencia, pero también de múltiples lecturas y conversaciones sobre el tema. No pretende ser un estudio científico sino un material para el debate claro y riguroso en sus afirmaciones y propuestas. Lo hago desde una perspectiva política que es la de la defensa del Estado de derecho, entendido como una comunidad política democrática en la que los ciudadanos tienen una serie de derechos que deben garantizarse al máximo y a cambio de ello se comprometen a participar y, por supuesto a cumplir, las leyes. En este sentido veamos lo que dice el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la base desde la cual podemos establecer de una manera consensuada estos derechos que deben figurar en la Constitución, documento básico de un Estado de derecho.
"Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz."
Estamos hablando entonces de una derecho que debe ser garantizado a todos los ciudadanos. Este derecho tiene una función emancipatoria, en el sentido de es la base para ser un ciudadano con criterio y con unos principios basado en el reconocimiento del otro. Se trata de garantizar una formación ciudadana básica, que pasa por dos dimensiones. Por un lado la humanización de los adolescentes y jóvenes con respecto a la ley básica que es la del respeto a uno mismo y el respeto al otro. Esta educación no debe ser doctrinaria en ningún aspecto. El segundo aspecto es el de potenciar el acceso de los adolescentes y jóvenes a la cultura, entendiendo por esto lo esencial de la cultura que recibimos por herencia, en un sentido cosmopolita y no exclusivamente local. Esta función debe cubrirla la educación primaria y la secundaria obligatoria (ESO).
El segundo aspecto consiste en garantizar al máximo la meritocracia en una sociedad capitalista que por su estructura clasista tiende a reproducir esta desigualdad originaria. La educación debe potenciar al máximo la igualdad de oportunidades para todos y valorar la capacidad y el esfuerzo por encima del origen social. El bachillerato debe complementar el punto primero y servir también para el segundo.
La educación secundaria es un crisol donde se ponen de manifiesto muchas de las contradicciones, limitaciones y conflictos de la sociedad. Esto quiere decir que analizar lo que ocurre en este microcosmos va mucho más allá de lo que representa en sí mismo. Mi punto de vista es que es necesario una educación pública, gratuita y de calidad en la enseñanza secundaria obligatoria y postobligatoria. El día después de una Catalufa postnacionalista este ideal debería ser posible. Hoy no lo es, en parte por la manera como se agudizan en Cataluña los problemas que se dan en toda España, con más o menos intensidad, y en parte porque en Cataluña se han generado otros bastante graves.
Cuando se aprueba la Constitución el gobierno de UCD se encuentra con la Ley General de Educación (LGE) aprobada el 1970 con Villar Palasí como Ministro de Educación en la línea de la tecnocracia tardofranquista. Esta ley, que tuvo asesoramiento de técnicos de la UNESCO, era la primera que quería adecuar el dispositivo educativo a las exigencia del capitalismo moderno europeo. Se introducían conceptos novedosos como evaluación continua, la diferencia entre actitud y aptitud y todo un vocabulario influenciado por la psicología genética de Jean Piaget. Se instauraba así una educación obligatoria hasta los 14 años ( la EGB ) y una educación pòstobligatoria ( FP o BUP-COU). Había una contradicción entre acabar la educación obligatoria a los 14 años y no poder trabajar hasta los 16 años; estaba muy presente la limitación de entender la FP se entendía como el destino de los malos estudiantes FP de primer grado no tenía el más mínimo valor académico. Al mismo tiempo los centros públicos se percibían como el último recursos de las familias que no podían costearse una educación privada. El PSOE. promulga el año 1983 la LODE, que pretende reglamentar las subvenciones a los centros privados que suplían la falta de centros públicos, dando a estos centros el nombre de concertados. En realidad más que una subvención era una financiación a nivel de profesorado y de mantenimiento de las instalaciones. Pero no solo esto sino que el artículo 50 de dicha ley otorgaba a dichos centros beneficios fiscales específicos. Evidentemente el gran beneficiario de esta ley es el lobby de la Iglesia en el sector educativo. El negocio quedaba completado por la cesión de terrenos de comunidades autónomas y ayuntamientos.
El año 1990 se aprueba lo que sería le ley estrella del PSOE en el tema educativo : la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE). En realidad era una profundización de la LGE, asesorado por el banco Mundial y que, en parte, implementaba un modelo neoliberal de educación en sus postulados pedagógicos, aunque sin entrar en la propuesta complementaria de privatización. Aunque no olvidemos que era un servicio público que, en parte, se estructuraba en los centros privados concertados. La educación empieza a entenderse no como un servicio público en el que priman los criterios igualitarios sino como una empresa pública que debe adecuarse a las demandas de sus clientes, que son los estudiantes y sus familias. La LOGSE universalizaba la enseñanza pública gratuita, ahora extendida hasta los 16 años, año en que se iniciaba legalmente la edad laboral. Esta consiste en la idea de que toda la enseñanza obligatoria ha de ser una experiencia compartida en la que no debe establecerse ninguna separación de alumnos. La pluralidad de niveles, de culturas debe ser integrada en un proyecto común donde se trata de manera adecuada la diversidad sin discriminar. A pesar de la resistencia inicial la Iglesia se adapta a la LOGSE porque se conserva la religión, aunque sea como una asignatura optativa, y los centros concertados religiosos sobreviven.
Nos encontramos con que, de manera desigual en cada comunidad autónoma, parte de los recursos van a la concertada, que buscará mecanismos de selección de alumnos que lo convertirán en una opción para la clase media ( mientras la clase alta va a la privada y las clases trabajadoras e inmigrantes económicos a la pública). Por otra parte se elimina la meritocracia que permitía a muchos hijos de las clases trabajadoras acceder a los estudios superiores, ya que en los centros públicos tiene que bajar el nivel de exigencia porque en las clases hay toda una serie de alumnos que no quieren estudiar y por imperativo legal deben estar en el aula.. Finalmente una parte importante de los alumnos, la mayoría de origen obrero, no se adaptan al currículum de la ESO ( enseñanza secundaria obligatoria) y quedan segregados dentro del mismo sistema y abocados al fracaso escolar. La LOGSE se aprobó independientemente de una ley de financiación, con lo que la atención a la diversidad no podía establecerse en términos reales en aulas con treinta alumnos y un profesor, lo cual tuvo como efecto una devaluación de los niveles educativos, sobre todo de la ESO. La LOGSE fue complementada por la LOPEG (Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Educativos) , en el que se puesta por un modelo de gestión de los centros era el empresarial, señalada por la ideología neoliberal como el más eficiente.
